Transcurridos más de cinco a-ños desde la en-trada en vigencia de la Constituci-ón, aun subsisten normas jurídicas que la contradi-cen, no sólo en su texto si no también en su espíritu propósito y razón. La adecuación de todo el ordenamiento jurídico al texto constitucional constituye un imperativo impostergable, pues lo contrario produciría un galimatías altamente pernicioso y provocaría, entre otras cosas, múltiples contro-versias y roces entre el Estado y los particulares.

Aquellas normas que por la gravedad de sus vicios incurren en nulidad absoluta deben ser elimi-nadas de oficio, no sólo en virtud del principio formal de auto tutela ad-ministrativa, si no por el conven-cimiento de que la proliferación de normas discordantes con la Carta Fundamental impide el desarrollo armónico de la sociedad y pone en alto riesgo valores fundamentales de la democracia.

Tal es el caso de la malhadada Re-solución del Ministerio de Hacienda 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993. En ella nos encontramos, para empezar, una clara usurpación de funciones que corresponden al Pre-sidente de la República, pues la Ley Orgánica de Aduanas (Arts. 36 al 38) remite a su Reglamento, y sólo a él, lo atinente a los requisitos para actuar como agente de aduanas; sabido es que la potestad reglamen-taria corresponde al Presidente de la República por mandato inequívoco del numeral 10 del artículo 236 de la Constitución, por lo que este vicio anula de manera absoluta la Resolu-ción comentada, la hace ineficaz y somete a quienes la dictaron o la apliquen a responsabilidades admi-nistrativas y patrimoniales.

Pero además, esta Resolución arre-mete contra el constitucional artículo 87 referido a la libertad de trabajo, la cual «no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca». Esta agresión a uno de los derechos fundamentales del hombre, impone a los profesionales aduaneros extensas limitaciones fundamentadas en su capacidad económica y no en la valía de sus conocimientos ni en su estatura moral.

Muchas cuartillas se podrían escribir analizando este bodrio antijurídico, inconstitucional y antidemocrático, pero es preferible ceder la palabra y la acción al Ministro de Finanzas y al Superintendente del SENIAT. A ellos corresponde deshacer el entuerto.

C.A.S.

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