Marzo de 2009 | Boletín #44

Editorial

Nunca será tarde ni demasiado tempra-no para realizar una concienzuda revisión de las normas que rigen la actividad aduanera. Empezando por la Ley Orgánica (LOA) para adecuarla a la Constitución de 1999, en lo relativo a pérdida de la propiedad por las vías del comiso y del abandono.

Se hace menester revisar con la lupa constitucional los artículos 67, 71, 110 (14 de la Ley sobre el Delito de Contrabando) y 114 de la LOA. Medir la legalidad de la Resolución 32 sobre la Organización, Atribuciones y Funcio-nes del SENIAT; analizar desde ángu-los constitucionales y legales la Reso-lución 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993, la cual aborda materias que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas reserva de manera exclusiva al Reglamento.

Por sus graves consecuencias, no admite más dilación un sesudo análisis del almacenamiento de que son objeto las mercancías sujetas a operaciones aduaneras, así como el escandaloso cobro de «almacenaje» por parte de las almacenadoras. La fuerza de la costumbre nos ha hecho olvidar que quien debe pagar la tasa es el beneficiario del servicio y no –como en nuestro caso– quien soporta medidas de policía administrativa aduanera que, si bien se traducen en beneficios colectivos son, indubitablemente, limi-taciones a la libertad de quienes im-portan, exportan o realizan tránsito internacional de mercancías.

La abúlica administración aduanera ha permitido que las almacenadoras ha-yan montado un gran festín, cobrando dinero a diestra y siniestra irres-petando todas las normas y, lo que es más grave, impidiendo, de hecho, el ejercicio del derecho a la defensa y la gratuidad de la justicia, constitucio-nalmente consagrados.

Cuando las autoridades busquen las causas de la inflación que nos empo-brece día a día, encontrarán en las aduanas y en su entorno un filón inacabable de ellas, las cuales inflan por igual el precio de los artículos suntuarios y el de los alimentos reque-ridos por ricos y por pobres.

C.A.S.


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Editor: Carlos Asuaje Sequera
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