Octubre de 2010 | Boletín #52

Editorial

Hay ciertos principios jurídi-cos cuya inob-servancia pone en serio riesgo al Estado de derecho y hace inviable la con-solidación de u-na sociedad mo-derna y civili-zada. Por ejemplo, es difícil imaginar un país donde sus habitantes aleguen con éxito desconocer las leyes para excusar sus malas conductas o invoquen razones morales para escapar a las obligaciones que les imponga el ordenamiento jurídico.

A su vez, en un Estado de derecho los administradores están rigurosamente sujetos a los límites que le señalan las leyes mediante los principios de competencia y otros explícitamente señalados en la Constitución, en las leyes orgánicas de Procedimientos Administrativos y de la Administración Pública y en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, entre otras. En virtud de la competencia, los funcionarios sólo pueden hacer lo que les esté expresamente permitido y los actos que realicen fuera de esa habilitación legal resultan viciados e incapaces de producir los efectos buscados.

Entre las múltiples violaciones a dichos principios que se cometen en las aduanas, hay una que llama nuestra atención: el irrespeto al principio de la buena fe, en virtud del cual “en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, se tomará como cierta la declaración de las personas interesadas, salvo prueba en contrario.” (Artículo 23 de la Ley de Simplificación de Trámites Admi-nistrativos). No sucede así en la Aduana de La Guaira, donde los poderes que presentan los agentes de aduana, sólo son admitidos y aplicados una vez verificada su autenticidad, lo cual puede tomar más de una semana, a menos que medie la correspondiente “habilitación”.

Violaciones a la legalidad como ésta y muchas otras, dan fe de la acefalía de nuestro servicio aduanero, la cual permite que cada quien arrime la brasa para su sardina, inventando obstáculos que aparecen y des-aparecen en proporción directa a la generosidad de la víctima.

C.A.S

 

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Editor: Carlos Asuaje Sequera
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