Noviembre de 2011 | Boletín #55

Editorial

Las aduanas no son oficinas públicas crea-das por la de-cisión capricho-sa de un go-bernante tras-nochado, ni mucho menos instrumentos para cuadricular la vida de quienes osen ejercer su derecho constitucional de traer al país los bienes de su propiedad; no deben ser cámaras de tortura ni anfiteatros donde los usuarios evoquen el saludo de los gladiadores: “Salve César, los que van a morir te saludan”.

Estas oficinas son, por imperativo histórico y exigencia legal, herra-mientas destinadas a proteger a la colectividad de daños sociales, sani-tarios y económicos; por ello, en algunas ocasiones deben ser barreras infranqueables y en otras supervisoras de buena fe del ingreso y salida de bienes de la más diversa naturaleza.

Por su carácter policial, ellas siempre ocasionarán molestias e impondrán cargas a los ciudadanos; por ello, jamás hemos compartido la idea, por considerarla absurda, de una aduana facilitadora del tráfico internacional de mercancías; ellas siempre obstruirán, en mayor o menor grado, el ejercicio de derechos constitucionales, sin que por ello deba entenderse que puedan ir más allá de lo estrictamente requerido por su naturaleza inter-ventora ni, mucho menos, que sean máscaras para disimular la rapacidad de políticos que, convertidos por la magia del poder en aduaneros, practican a sus anchas la tahurería y alcanzan fortunas que jamás soñaron poseer.

El gomecismo, caído en el olvido desde hace muchas décadas, se mantiene vigoroso en nuestras aduanas. En los tiempos en que cualquier dueño de hacienda o hato podía armar a sus peones con chopos y machetes para irrumpir contra el orden constituido, los puertos nacionales debían ser manejados por los leales al régimen, para garantizar que por ellos no entrarían hombres ni armas para nutrir la sedición. Casi cien años después de la desaparición del Benemérito, nuestros presidentes constitucionales entregan las aduanas a sus leales, ya no para impedir el ingreso de armas y “bandoleros” si no para sacar de apuros económicos a los merecedores de su afecto.
                                               C.A.S.

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Editor: Carlos Asuaje Sequera
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