Julio de 2015 | Boletín #58

Editorial

Es de vieja data el criterio de que las ge- rencias de aduana son cargos políticos, no sujetos a principios cons- titucionales ni legales; en ellas han sido colocados amigos del Presidente de la República necesitados de auxilio económico (Recuerdan a Rodríguez Ramos (Maiquetía) y a Berrizbeitia (La Guaira) en 1969?), sin tomar en cuenta las nefastas consecuencias administrativas y los graves daños causados al erario público.

¿Qué sucede cuando el Gerente es un craso desconocedor de la materia? Necesariamente debe apelar a un hombre de confianza quien toma decisiones a la ligera, por saber que la responsabilidad civil, penal y administrativa no le corresponden, como tampoco producen conse- cuencias adversas para el asesorado, protegido a todo evento por el jefe político.

Así las cosas, la responsabilidad individual por abuso o desviación de poner en el ejercicio de la función pública a que se refiere el artículo 139 de la Constitución es una floritura sin asidero en la realidad aduanera. Ante tal ausencia de legalidad y de autoritas, los funcionarios subalternos, constreñidos a cotizar para el pote, se consideran autorizados para actuar libremente a cambio de someterse la ley del silencio, que las organizaciones mafiosas aplicaron a partir del siglo XVI bajo el nombre de omertà.

Conocedores de esta realidad interna, otros organismos de la Administración Pública han hecho de las aduanas su coto de caza: CADIVI, como cómplice necesario para hacer posible la extracción fraudulenta dólares preferenciales; la Guardia Nacional, que pasó de tener unas humildes alcabalas de confrontación a unas aduanas paralelas, autónomas y particulares; el INSAI que aprendió pronto que la administración de restricciones puede ser un jugoso negocio y así, ad infinítum.

Venezuela necesita un servicio aduanero técnico y apolítico, que no sea medio para enriquecer a los amigos del poder, sino para proteger los intereses del País e impulsar su crecimiento agrícola e industria.

                                               C.A.S.

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Editor: Carlos Asuaje Sequera
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