El Decreto N° 3.003 mediante el cual se otorgó el carácter de prin-cipal a la Aduana de Santa Elena de Uairén, nos impone múltiples y serias reflexiones. Para asombro de todos, se le adiciona el califica-tivo de ecológica y se inserta en su estructura un área de apoyo ecoló-gico “cuya función principal será la de apoyar y coordinar activamente con las autoridades competentes en el control de las actividades susceptibles de degradar el am-biente.” De esta manera el SENIAT y su órgano de adscripción, el Mi-nisterio de Finanzas, pasan a reali-zar labores ambientales que co-rresponden al Ministerio del Am-biente y de los Recursos Naturales Renovables, contribuyendo a la babel jurídica que el reiterado irrespeto al artículo 137 de la Constitución produce, mediante el reparto a tientas y a locas de las atribuciones a los órganos del Po-der Público, asignación constitucio-nalmente reservada a la Carta Fundamental y a la ley.

Es claramente perceptible que el mencionado Decreto modifica el artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas referente a las aduanas de la Región Guaya-na, sin observarse el procedimi-ento establecido para este tipo de evento, es decir, tanto la publica-ción del acto modificatorio como de la totalidad del modificado.

Con esta conducta se está reedi-tando la diáspora jurídica aduanera que pensamos haber eliminado al establecer un Reglamento único, un Arancel único de múltiple pro-pósito y una Ley marco, únicamen-te subalterna de la Constitución; tal agrupación de normas en unos pocos instrumentos al alcance y conocimiento de todos, pretendía ofrecer mayor seguridad jurídica y evitar emboscadas jurídicas ahi-jadas por un diluvio de regulacio-nes desordenadas e inconexas.

No es primera vez que el Regla-mento de la LOA resulta maculado y burlada la intención compiladora. Por la rectificación de esta costum-bre ¡Oremos!

C.A.S.

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