La persona jurídica Fisco Nacional, goza de una serie de privilegios establecidos en la legislación civil y en leyes fiscales especiales, los cuales, por constituir regímenes de excepción o, en otros términos, excepciones al derecho común, son de aplicación e interpretación restrictiva. Entre esas prerrogativas, podemos citar:

1. Prohibición de aplicar medidas judiciales preventivas o ejecutivas sobre mercancías, hasta tanto se hayan cumplido los requisitos aduaneros y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente. En virtud de esta disposición contenida en la Ley Orgánica de Aduanas, las mercancías que se encuentren depositadas en los patios o almacenes de las aduanas, en los almacenes generales de depósito, en almacenes privados fiscalizados o en lugares similares en espera de que se realicen los trámites aduaneros correspondientes y de que se satisfagan los requisitos, impuestos, tasas, intereses moratorios, penas pecuniarias, etc., no podrán ser embargadas, decomisadas, ni sometidas a ninguna otra medida similar. Con esta previsión, el legislador impide que mediante medidas judiciales se puedan extraer mercancías de las zonas de almacenamiento e ingresar a la corriente de bienes, sin que se hayan cumplido los requisitos aduaneros y satisfechos los créditos respectivos.

2. Derecho a exigir al deudor que le pague con preferencia a otros acreedores, si los hubiere. Así, el Fisco cobra antes que cualquier otro cualquier crédito a su favor que surja con motivo de las operaciones y actos aduaneros. Esta condición privilegiada se mantiene aun cuando las mercancías hayan abandonado las zonas primarias de las aduanas o lugares similares y hasta tanto el crédito fiscal se haya satisfecho o extinguido por prescripción o por las otras formas establecidas en la ley.

3. Obligación de los tribunales, registradores y demás funcionarios y autoridades de la República, de prestar gratuitamente los oficios legales de sus ministerios en favor del Fisco Nacional, cuando les sean requeridos por autoridades competentes en razón de sus funciones. Los documentos que dichas autoridades extiendan en favor del Fisco Nacional, se formularán en papel común, sin estampillas y no estarán sujetos a impuestos ni contribuciones.

4. No prestar caución para actuar judicialmente.

5. Inembargabilidad de los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a la Nación. Dichos activos tampoco estarán sujetos a secuestro, hipoteca ni ninguna otra medida de ejecución preventiva o ejecutiva. Cuando el juez conozca y resuelva medidas de ejecución contra el Fisco, suspenderán el juicio y notificarán al Ejecutivo Nacional de tal decisión, a efectos de que disponga acerca de los términos en que ha de cumplirse lo decidido.

6. Presunción de que las demandas intentadas contra la Nación y las excepciones que le fueran opuestas han sido contradichas en todas sus partes, cuando sus apoderados o mandatarios no asistan al acto de contestación de la demanda.

7. Carácter de títulos ejecutivos de las liquidaciones, alcances de cuentas y de las planillas de multas impuestas, las cuales, al ser presentadas en juicio, aparejan embargo de bienes.

8. Acreedor privilegiado sobre la nave y sus créditos accesorios, por derechos de puerto, pilotaje, canales y otras vías navegables y por otros créditos fiscales distintos a los mencionados.

Estos privilegios deben ser ejercidos por las autoridades competentes y el representante, apoderado o mandatario que no los hiciera valer, serán responsables personalmente por los perjuicios que su falta ocasione.

El Fisco está exento del pago de impuestos nacionales, por cuanto si en una misma persona se reúnen el deudor y el acreedor, la obligación se extingue por confusión. El Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 48 del Código Orgánico Tributario, declarará tal circunstancia cuando resulte aconsejable. Es de hacer notar que esta es la verdadera y única razón por la cual el Fisco no está sujeto al pago de impuestos, pues hasta la fecha no existe texto en nuestro derecho positivo, que lo exceptúe de la obligación de pagar los impuestos a que pudieran quedar sujetas sus actividades patrimoniales.